Dos distritos escolares de Minnesota presentaron este miércoles una demanda que exige el restablecimiento de las políticas del Departamento de Seguridad Nacional que reconoce a los centros educativos como áreas protegidas de la leyes de inmigración de Estados Unidos, luego de operativos migratorios en los que niños han resultado detenidos y las autoridades federales han rociado indiscriminadamente con gas pimienta a estudiantes y personal en terrenos de las escuelas.

«Simplemente queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén seguros y puedan concentrarse en su aprendizaje mientras están en la escuela, en lugar de preocuparse por las leyes migratorias”, destacó el superintendente de las Escuelas Públicas, John Magas.

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Los líderes escolares denunciaron al Departamento de Seguridad Nacional por violar la Ley de Procedimientos Administrativos al anular la política del DHS que designaba a las escuelas como zona segura.

El gremio docente expresó su rechazo a la presencia de agentes federales enmascarados en las instalaciones escolares y denunció acoso a miembros de juntas escolares y personal administrativo, así como la detención de decenas de representantes y estudiantes por esas fuerzas, como consecuencia de la derogación de la Política de Áreas Protegidas de DHS.

Asimismo, los docentes denunciaron que la ofensiva federal antinmigrante ha tenido una incidencia negativa en la asistencia. «Las familias están optando por el aprendizaje virtual, no porque sea lo mejor para sus hijos, sino porque el miedo se ha apoderado de ellos. Es un miedo justificado«, dijeron.

“No pido una reforma migratoria. Solo pido que el ICE no esté en las instalaciones escolares, ni en nuestros autobuses, ni en nuestros vehículos, que de todas formas no deberían estar”, enfatizó un miembro del personal educativo de Minnesota.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derogó en enero de 2025 la política de Áreas Protegidas del DHS, amitida por primera vez en 1993, esta prohibía al DHS aplicar medidas de control migratorio en zonas protegidas como escuelas, hospitales e iglesias.

June Hoidal, socia de Zimmerman Reed, el bufete de abogados que lleva el caso, señaló que el Departamento de Seguridad Nacional descartó esa política sin justificación ni el debido cumplimiento de los procedimientos, una conducta que, según la abogada, es inaceptable para las agencias federales.

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